Cómo detectar irregularidades en la contratación temporal en las administraciones públicas (I)

Es habitual que la mayoría de los puestos de trabajo en la Administración estén cubiertos por funcionarios. Ahora bien, esto no impide que bajo determinadas circunstancias no se pueda emplear la contratación laboral, en la mayoría de los casos con vinculación a tareas de carácter no permanente o para realizar tareas de carácter periódico o incluso discontinuo.

En este artículo vamos a explicarte las diferentes irregularidades que pueden darse en la contratación temporal en las administraciones públicas, para que puedas detectarlas y denunciarlas si te hallas bajo esta situación.

Cuando una administración pública recurre a la contratación laboral está sometida a la misma normativa que el resto de empresarios, es decir, al Estatuto de los Trabajadores, aunque con ciertos privilegios y limitaciones respecto al ámbito privado.

Toda contratación temporal debe regirse por la excepcionalidad, existiendo una causa objetiva y razonada que justifique la temporalidad del contrato tal y como indica el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 15.1.2.

El artículo 15.9 del Estatuto de los Trabajadores establece los supuestos que justifican una contratación temporal:

– La contratación para la realización de una obra o servicio determinado.

– La contratación derivada de las circunstancias de la producción.

– La contratación de trabajadores interinos para sustituir a otros con derecho a la reserva del puesto de trabajo.

Una irregularidad sería todo aquello que suponga apartarse de las reglas de la contratación temporal contenidas en el Estatuto de los Trabajadores y en los diferentes reglamentos que lo desarrollan.

Los casos más claros de irregularidad, en los que únicamente bastan las pruebas aportadas por el trabajador, son cuando el contrato se ha celebrado en fraude de ley o se produce lo que se denomina encadenamiento irregular.

Entendemos por fraude de ley cuando se pretende utilizar la ley de modo que se obtengan resultados no contemplados en ella y contrarios al ordenamiento jurídico. En el caso que nos ocupa, el más habitual sería el recurso de contratos temporales para suplir una vacante indefinida.

Un encadenamiento irregular es cuando se siguen dos o más contratos sucesivos temporales en los que de 30 meses el trabajador trabaje al menos 24 seguidos.

Sin embargo existen otros casos de irregularidades en las cuales se le permite a las administraciones públicas presentar pruebas en su defensa:

– Cuando el contrato no se haya firmado por escrito sino que se haya celebrado únicamente de manera verbal.

– Cuando el empresario no haya dado de alta al trabajador en la Seguridad Social.

– Cuando se produzca un breve retraso en la fecha límite para proceder a la denuncia del contrato.

Este tipo de irregularidades relacionadas con el incumplimiento formal de alguno de los preceptos de la norma no conllevan por sí mismas ni el fraude ni el abuso de la ley.

En los siguientes posts vamos a centrarnos en los diferentes supuestos que permiten denunciar un fraude de ley o un encadenamiento irregular y en las consecuencias que pueden derivarse de ello para la relación entre el empleado y la administración pública.

Ilustración | Carlos Azagra

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